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Toque de atención de la Cámara de Cuentas de Aragón. El informe de fiscalización de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiente al año 2022, ha detectado falta de transparencia e incumplimientos, también de la legislación vigente, en contratos públicos.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la suspensión del segundo pago del IRPF correspondiente a la Renta 2023 para los contribuyentes de la provincia de Valencia, la zona más castigada por la DANA, que acumula un total de 71 municipios afectados.
La competitividad de la UE, en un contexto geopolítico altamente incierto y de pujante rivalidad entre las principales potencias mundiales, vertebra las conversaciones comunitarias de esta semana. Ha arrancado con la declaración del Eurogrupo, que este lunes, que llama a una movilización de capital privado para aupar la competitividad del bloque, utilizar los fondos públicos como catalizadores de inversión en determinados sectores y a una coordinación de las políticas industriales para evitar mayor fragmentación del mercado único.
La Fundación Amancio Ortega ha anunciado este lunes que pone a disposición de los servicios sociales de los ayuntamientos afectados por la DANA un fondo dotado con 100 millones de euros.
A falta de un día para que terminen las elecciones estadounidenses, todo el mundo está buscando alguna señal que permita anticipar lo que va a ocurrir. Y una encuesta publicada este sábado, que sitúa a Kamala Harris muy por delante de lo que pronostican el resto de los sondeos, ha golpeado a los mercados con tal intensidad que ha impulsado a la baja al bono, al dólar y al bitcoin.
Viviendas y cinco millones de euros del presupuesto para los afectados por la DANA en Valencia. El Ayuntamiento de María José Catalá ha anunciado una serie de ayudas para hacer frente a las consecuencias de la catástrofe, que ha afectado a un total de 71 municipios, más del 25% de la provincia.
Casi el 90% de los autónomos de las comunidades afectadas por la Dana se encuentran con la actividad comercial paralizada, según aseguran a elEconomista.es varias asociaciones representativas de trabajadores por cuenta propia. Las inundaciones del pasado martes 29 de octubre por la tarde en la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, y posteriores en Andalucía y Cataluña, se llevaron por delante la vivienda y los negocios de miles de personas que tendrán que volver a empezar de cero.
El Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027 ha movilizado hasta la fecha 103 millones de euros, por lo que se cumple con una ejecución del 62,27 por ciento de los compromisos previstos, según ha avanzado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
Bruselas continúa dispuesta a ayudar a España ante las inundaciones que ha dejado la DANA que afecta al levante y del sur del país y que ha costado la vida a más de 200 personas. La UE cuenta con una serie de instrumentos que los países pueden solicitar para hacer frente a catástrofes naturales: el fondo de Solidaridad que permitiría acceder a un pago avanzado de 50 millones de euros, aunque las trabas burocráticas y la lentitud en el desembolso de financiación ponen en tela de juicio su eficacia.
El Consejo de Ministros tiene previsto declarar mañana martes zona catastrófica a las regiones más perjudicadas por la reciente DANA, una decisión que permitirá movilizar una serie de ayudas y compensaciones cruciales para la recuperación de los afectados. Las ayudas contemplan subvenciones para cubrir daños en viviendas, enseres básicos, negocios e infraestructuras municipales. Además, se destinarán fondos para apoyar a los sectores agrícola, forestal, ganadero y de acuicultura marina, que han sufrido pérdidas severas.
El Gobierno prepara un escudo económico para las empresas, autónomos y trabajadores afectados por el impacto de la DANA que detallará en unos minutos la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz tras reunirse con los representantes sindicales y empresariales de la Comunidad Valenciana. Fuentes del Ministerio de Trabajo avanzan que las empresas podrán acogerse a los Erte por fuerza mayor con una deducción de, al menos, el 90% de las cotizaciones sociales. Los trabajadores autónomos, por su parte, tendrán un acceso más flexible al cese de actividad, la prestación que funciona como el 'paro' para este colectivo. El Ejecutivo quiere reforzar el teletrabajo o retribuir las ausencias para evitar desplazamientos innsecesarios.
El mundo mira a EEUU y cómo las elecciones de este martes pueden traer una nueva oleada de incertidumbre que sacuda mercados y economía de todo el mundo. Ya ocurrió con las elecciones europeas y luego legislativas en Francia. Sin embargo, la incertidumbre creciente en torno a otra gran potencia económica está pasando bajo el radar: Alemania. Ríos de tinta han corrido sobre la crisis económica que aqueja a la industria del país y, en consecuencia, a toda su actividad. Sin embargo, esta situación de debilidad ha desatado una auténtica crisis política en el país que ha despertado la preocupación de los mercados y que podría devenir en una auténtica implosión este miércoles.
Los trabajadores autónomos afectados por la DANA podrán solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor ante su mutua sin necesidad de contar con la cotización mínima exigida para poder acceder a ella, que suele ser de 12 meses, según señala el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su cuenta de 'X'. ATA calcula que hay más de 50.000 trabajadores por cuenta propia afectados por la DANA en la zona. El cese de actividad es un ayuda económica mensual más la cobertura de las cotizaciones sociales de los autónomos a cargo de la Seguridad Social. Estas medidas tendrán efecto retroactivo, según ha avanzado la ministra Elma Saiz.
BlaBlaCar ha eliminado los gastos de gestión en todos los viajes con origen o destino a la Comunidad Valenciana desde este lunes hasta el 17 de noviembre, ante la excepcional situación en la movilidad que se está viviendo y se prevé que continúe durante los próximos días en la región tras el paso de la DANA.
Los jubilados afrontan una nueva subida en sus pensiones para compensar la evolución de los precios durante el último año. Tal y como indica la Ley, el poder adquisitivo de este colectivo está blindado y condicionado a la inflación anual tras la reforma de pensiones de 2021. A falta de conocer el Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre y echando mano a la previsión de los expertos, la revalorización de las pensiones contributivas se acercará al 3% en 2025. Conllevará un incremento en la factura de la Seguridad Social de unos 5.000 millones en un nuevo ejercicio que contemplará pensiones por encima de 3.200 euros (casi 48.000 anuales) mensuales por primera vez en la historia.
El Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz presentó el pasado martes su última oferta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2025. El Gobierno trasladó un paquete de ayudas para “estimular la productividad” de las microempresas, aquellas con hasta cinco trabajadores en los sectores más lejanos al objetivo horario. Díaz quiere canalizar a través del Kit Digital dos programas de bonificaciones para digitalización y asesoramiento de negocio. Esta oferta, valorada en 375 millones de euros, correría a cargo de los fondos europeos, según el borrador al que ha tenido acceso 'elEconomista.es'.
Los fondos comprometidos como parte de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a septiembre de este año alcanzaron los 32.414 millones de euros, es decir, el 38,99% del total asignado para España, una cuantía que se eleva a 83.140 millones.
La Mesa Argentina de Carbono presentó en el Parlamento del país suramericano un proyecto de ley para impulsar, a través de un marco normativo, los mercados de carbono.
Solo el 42% de las subidas salariales que llevan a cabo las empresas en España se deben al repunte de la inflación, puesto que las compañías también tienen en cuenta otros aspectos como la retención del talento, la productividad, la estabilidad financiera y las condiciones propias del sector.
Los fondos comprometidos como parte de la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a septiembre de este año alcanzaron los 32.414 millones de euros, es decir, el 38,99% del total asignado para España, una cuantía que se eleva a 83.140 millones.

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