El Economista
El paquete fiscal aprobado a finales de 2024 aportó 5.443 millones de euros de recaudación en los once primeros meses del pasado año, principalmente procedentes del nuevo impuesto sobre la banca y de los cambios en el impuesto de sociedades.
La economía española tiene garantizado otro año de crecimiento en el ejercicio 2026 que acaba de comenzar, pero su ritmo de avance experimentará una desaceleración desacostumbrada por su cuantía también y la rapidez con la que se producirá. Analistas e instituciones internacionales coinciden en que el incremento del PIB de nuestro país perderá un aproximadamente un punto porcentual en tan solo doce meses, al pasar del 2,9% con el que cerró 2025 al 2,1% estimado para 2026.
La Junta de Castilla y León destinará más de 20 millones de euros para las obras de urbanización y la construcción del nuevo edificio institucional de uso terciario en el Parque Tecnológico de León, con el objetivo de consolidar el enclave como "referente" para empresas tecnológicas.
China abre 2026 con la aprobación de su 15º Plan Quinquenal en el que pretenden establecer unas medidas fiscales más proactivas con una postura en la política monetaria moderadamente laxa. Para 2025, el Politburó aseguró que van a conseguir los objetivos marcados para este año. En los primeros tres trimestres del año, el PIB avanzó un 5,2%, lo que lleva a pensar que este año conseguirán su objetivo de crecer cerca del 5%. Algo que recientemente avaló el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que corrigió al alza sus previsiones de crecimiento para este año, al 5%, y para el que viene en torno al 4,5%.
Estados Unidos mantiene buenas perspectivas económicas para este 2026 a pesar de la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Mientras que a principios del año 2025, las previsiones de PIB del consenso privado y de las entidades multilaterales eran mucho más moderadas, en torno al 1%, las más recientes ya aproximan el avance de la economía más grande del mundo al entorno del 2,5%, con un crecimiento sostenido al final de la década.
La Unión Europea llegaba este diciembre a una decisión sin precedentes, proceder a la emisión de eurobonos para atender a las necesidades financieras de Ucrania. Llevó largas y duras negociaciones durante la pandemia poder pactar la primera emisión de deuda conjunta de la UE, lo que refleja la excepcionalidad de la decisión y la presión de los países del norte de Europa contra este tipo de medidas. El nuevo acuerdo para una nueva emisión de deuda conjunta para Ucrania plantea varios desafíos en tanto en la fiscalidad como en la propia estrategia comunitaria.
Arranca la cuenta atrás para el fin de los fondos Next Generation, el programa que dispuso la UE para hacer frente al golpe económico de la pandemia. Cierre de 2026 marcará el final del desembolso, por parte de Bruselas de la financiación del plan. España tiene, por tanto, hasta agosto para realizar la última petición de fondos. Y el tiempo se le echa encima pues los plazos son muy ajustados para llegar a reclamar dos pagos en los meses que quedan en el calendario.
Que la industria europea está gripada no es ya una sorpresa. Cada año el sector secundario, que ha sido el corazón del crecimiento de muchos de sus países, ha encontrado un obstáculo cada vez más complicado. Primero fueron los tipos de interés y la inflación, destrozando la demanda e incendiando los costes. Posteriormente, los precios de la electricidad y la energía se dispararon por la guerra de Ucrania sumado a otros insumos encarecidos. Todo esto sacudió el continente y, particularmente, destrozó el modelo alemán. Sin embargo, en 2025 llegó un nuevo problema, los aranceles y un gran reequilibrio global hundieron la demanda de dos mercados claves, EEUU y China. Ahora el sector da por hecho que esta última crisis se extenderá, impidiendo el repunte tras una larga travesía por el desierto.
Este 2026 arranca la carrera para renovar los cuatro principales puestos de la cúpula del Banco Central Europeo, y el Gobierno jugará fuerte en dicha competición. Hasta el punto de que, fuentes del Ministerio de Economía español aseguran a elEconomista.es que sus aspiraciones no se conforman con conservar la Vicepresidencia que actualmente ostenta, hasta mayo, Luis de Guindos. El Ejecutivo se ve con posibilidades de aspirar al puesto de máxima responsabilidad en Fráncfort, el ocupado por la presidenta Christine Lagarde quien también dejará su actuales funciones en este recién iniciado 2026.
Llenar la cesta de la compra, comprarse una casa, un coche o, simplemente, tener un colchón de dinero para emergencias es cada vez más difícil teniendo en cuenta que los salarios no están subiendo al mismo ritmo que los precios. Para 2026 subirá el precio de los alimentos y seguirán incrementándose las hipotecas: nuestro bolsillo no va a tener ni un respiro.
La Mesa de Contratación celebrada esta semana ha elevado la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación a la empresa Dekra ITV España de la explotación de dos nuevas ITV en Extremadura, una en la ciudad de Cáceres y otra en la de Badajoz, durante 25 años.
Enero de 2026 ha comenzado y los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio siguen sin aprobarse. Ya están automáticamente prorrogados los de 2023. Aunque el Gobierno manifiesta una y otra vez que tiene intención de presentar el proyecto de ley, las probabilidades de que sea aprobado en el Congreso son mínimas, por no decir nulas. Mucho tiene que cambiar el escenario político para que Junts, grupo parlamentario clave, apoye las Cuentas.
El primer día tras los festivos de Año Nuevo ha venido con una importante sorpresa en los datos macro. La industria de todo el continente ha tenido un bajón inesperado, tal y como lo refleja el índice del PMI manufacturero de S&P Global. Si bien todos los analistas y los mercados daban por hecho que la situación se mantendría estable en diciembre, de manera general la actividad del sector secundario ha caído con fuerza y en particular esto destaca en España. El país ibérico ha pasado de crecer, siendo una de las únicas excepciones al mal estado del Viejo Continente, a una contracción inesperada.
Bulgaria se convirtió este jueves en el vigésimo primer país miembro de la zona euro, un paso histórico para el país más pobre de la Unión Europea que llega en un contexto marcado por el entusiasmo de una parte de la sociedad, los temores de otra y una profunda crisis política interna.
El salario de los más de 3,5 millones de trabajadores públicos se revalorizará en un porcentaje fijo del 1,5% este año, un incremento salarial que tendrá efectos desde este 1 de enero, y que podrá elevarse otro 0,5% si la inflación a final de año iguala o supera la subida fijada para 2026.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que España debe mantener "una representación fuerte" en el Banco Central Europeo (BCE) una vez concluya el mandato del actual vicepresidente, Luis de Guindos, que expira esta primavera.
El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este miércoles, 31 de enero, el presupuesto de la institución para 2026. Unas cuentas que, por cuarto año consecutivo, vuelven a ser el más alto de la historia con un montante total de 256 millones de euros. El presupuesto ha salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno que forman el PSOE, En Común-IU y CHA y los votos en contra del PP y Vox.
La transición al nuevo sistema de pensiones en Países Bajos entrará en una fase decisiva el 1 de enero, cuando unos 9,5 millones de pensiones empiecen a trasladarse a un modelo basado en cuentas individuales, poniendo fin a la gran "hucha colectiva" de fondos de pensiones, un cambio que permite asumir más riesgo inversor y que ha generado ya tensiones. Pero que, además, tendrá un impacto claro en los mercados de deuda y en la financiación de España.
La zona euro pasará a contar desde el 1 de enero de 2026 con veintiún miembros después de que Bulgaria se incorpore oficialmente al bloque de la moneda única en su primera ampliación desde la entrada de Croacia en 2023. La adhesión se produce en un contexto marcado por la crisis política en el país eslavo, donde las protestas ciudadanas contra los presupuestos de 2026, los primeros en euros, provocaron la dimisión del Gobierno a principios de diciembre.
Japón ha puesto fin este miércoles a un impuesto a la gasolina adoptado como una medida provisional en 1974 pero que ha acabado durando más de medio siglo, una decisión tomada para paliar los efectos de la inflación, y que junto con la eliminación de una tasa similar al diésel en 2026 comportará pérdidas de ingresos anuales al erario público de unos 3.825 millones de dólares.







