El Economista
El presidente valenciano Carlos Mazón ha defendido en el discurso institucional con motivo del 9 d'Octubre, la festividad de la Comunitat Valenciana, la igualdad entre las comunidades autónomas y el marco constitucional autonómico ante asuntos urgentes que considera "cuestiones de Estado" como la financiación autonómica.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado que los Presupuestos de la Junta para 2025 contemplarán el incremento de las ayudas del programa Garantía Vivienda Joven, impulsado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, de 20 a 25 millones y su extensión a personas de hasta 40 años.
El Banco de España ha actualizado su radiografía particular sobre las finanzas de las empresas y los hogares. El supervisor destaca en la publicación de las cuentas financieras un incremento de la 'cartera' de las familias, cuyos activos financieros suman superan los 3.000 billones de euros tras revalorizarse un 5,6%. Este aumento reflejó una revalorización de 86.000 millones de euros y una adquisición neta de activos financieros de 77.000 millones de euros respecto a junio del año pasado. Las cuentas financieras reflejan un descenso de la deuda de las empresas y hogares cae 7,3 puntos, hasta el 110,4% del PIB.
El director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado, ha defendido hoy en Bruselas la necesidad de garantizar un adecuado equilibrio entre el mundo rural y el urbano a la hora de diseñar el marco de actuación de las políticas europeas en general, y de la Política de Cohesión en particular, con el objetivo de afrontar el impacto del cambio demográfico en toda su extensión. Hurtado se ha pronunciado en estos términos en un debate celebrado en el marco Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR).
La población extranjera en España ha pasado de aproximadamente 600.000 personas (1,5% de la población total) en 1998 a más de 5,5 millones en 2022 (11,7%), sin embargo, el alarmismo asociado a este fenómeno está "en gran medida injustificado". Es la conclusión del un artículo dedicado a la inmigración publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el que señala que "no afecta significativamente" a las oportunidades de empleo y los salarios de los trabajadores españoles" y que, por contra, contribuye a mitigar los efectos del envejecimiento de la población que atraviesa el país.
Investigadores de España, Portugal e Italia especializados en el estudio de sistemas y productos forestales se reúnen este jueves, día 10, en Mérida en la jornada 'Sinergias para el Progreso de la I+D+i en el sector corchero: del campo a la industria'.
Con la natalidad de capa caída, indagar en las cuestiones que llevan a la población a dar la espalda a tener hijos se vuelve una necesidad. Tras las respuestas obvias de 'no quiere' o 'no puede' asoma un cariz económico muchas veces indisociable a cualquiera de las dos opciones. De esto trata la primera encuesta sobre fecundidad, familia e infancia realizada y publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que desvela los ingresos y los horarios laborales como los principales escollos para una gran mayoría de los encuestados que, en otras circunstancias, querrían ser madres o padres.
La revolución económica de los países del sur está en marcha. Tanto es así que hasta el Banco Central Europeo se ha hecho eco del diferencial de crecimiento entre ambas 'regiones' dentro de la zona euro. España, Portugal y Grecia llevan creciendo varios años a un ritmo mucho más rápido que el de la zona euro, pero sobre todo más intenso que el de Alemania. El otrora motor de la zona euro vive en una suerte de letargo después de haber capeado el covid mejor que el sur. Su industria se encuentra en horas bajas y en un proceso de reconversión no tiene el éxito asegurado. La combinación de estas dos tendencias ha llevado a que la brecha de crecimiento de España y Portugal con Alemania se haya reducido a mínimos. Es cierto que la brecha de crecimiento no es sinónimo de prosperidad (se puede crecer por muchas razones), pero es un buen punto de partida para comenzar a rebajar también la brecha de PIB per cápita.
El concierto fiscal que persigue ERC a través de su pacto con el PSC generaría un coste cercano a los 2.100 millones de euros anuales para el sistema de financiación, y una pérdida de recaudación de unos 22.000 millones, según las más recientes estimaciones. Para compensar el roto en las cuentas, Moncloa se verá obligada a acompañar el proyecto de Presupuestos de un ambicioso paquete de medidas fiscales. Entre el catálogo de opciones que se presentan ya como ineludibles, si se quiere evitar la bancarrota del sistema, se encuentra la eliminación total de los dos tipos reducidos del IVA, lo que generaría unos ingresos tributarios de "en torno a los 15.000 millones de euros", según estima el catedrático Desiderio Romero Jordán, en su último artículo firmado para Funcas. Esa medida tendrá un indudable efecto en productos básicos de consumo, en especial en el ámbito alimentario, como pone de manifiesto el documento de la Fundación.
El camino de la Fed y el BCE se bifurca: la 'dependencia de los datos' los lleva por sendas opuestas
La Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo han empezado juntos, aunque con diferencias, un proceso de recortes de tipos que se espera que dure varios trimestres. Los dos bancos centrales tienen el mismo objetivo, conseguir que la inflación se estabilice en el entorno del 2%, y los dos se han comprometido en los últimos meses a llevar a cabo una política "dependiente de los datos", sin anticipar futuros movimientos, para poder moverse con flexibilidad y no estar atados a una hoja de ruta concreta. Estos datos, sin embargo, están empezando a apuntar en direcciones diferentes a un lado y otro del Atlántico, y cada vez gana más peso la posibilidad de que los dos bancos centrales vayan a tener que tomar caminos diferentes en los próximos meses en el ritmo al que moderan los tipos de interés en su jurisdicción.
A una semana de que termine el plazo para que los Estados miembro remitan a Bruselas sus plan presupuestarios, el Gobierno anuncia que se retrasará en su entrega. La Comisión Europea no ha recibido la noticia con gran entusiasmo. Si ayer apuntaba que su flexibilidad es limitada, además avisa a a Madrid que el límite legal para enviar los planes presupuestarios es el 15 de octubre.
A una semana de que termine el plazo para que los Estados miembro remitan a Bruselas sus plan presupuestarios, el Gobierno anuncia que se retrasará en su entrega. La Comisión Europea no ha recibido la noticia con gran entusiasmo. Si ayer apuntaba que su flexibilidad es limitada, además avisa a a Madrid que el límite legal para enviar los planes presupuestarios es el 15 de octubre.
Es oficial, la locomotora de Europa recorre la senda de la recesión. Según las estimaciones del propio gobierno de Alemania, se espera que 2024 termine en contracción económica con una caída del 0,2% empeorando el 0,1% negativo de 2023. La debilidad de su industria acosada por los altos tipos de interés y un debilitamiento de la demanda externa ya se ha convertido en algo crónico y, pese que los salarios y el consumo aguantan, la realidad es que la nación centroeuropea está en apuros. En ese contexto, una amenaza soterrada está empezando a emerger en su economía con más fuerza que nunca: una oleada de quiebras que acelere el descenso de su economía.
El Gobierno valenciano ha cuantificado en euros lo que dejará de recaudar con las medidas anunciadas en el tramo autonómico del IRPF por el propio Carlos Mazón y que incluye en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat de 2025, la conocida como ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que ha aprobado hoy. Una cantidad que muestro lo limitado de esta anunciada rebaja frente al definido por el propio Mazón como "infierno fiscal".
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha concretado este martes en su comparecencia en el Parlamento gallego el alza de la inversión en materia de vivienda y ha anunciado que el objetivo de su Ejecutivo, con el foco en los presupuestos de 2025, es casi triplicar el presupuesto destinado a suelo residencial y a la construcción de nuevas viviendas, que pasará de rondar los 45 millones de euros a los 126.
CCOO pedirá al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del entorno del 5% para 2025, lo que situaría esta renta mínima en unos 1.191 euros al mes por catorce pagas, según han confirmado este martes a Europa Press en fuentes del sindicato.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado este martes que la norma que regulará la reducción de la jornada laboral se aprobará como anteproyecto de ley en trámite de urgencia, por lo que se dará cumplimiento al acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar que fija la rebaja de la jornada semanal a 38,5 horas este año y a 37,5 horas en 2025. La reforma todavía está pendiente de acuerdo en el seno del diálogo social, donde está encallada desde antes de verano y sin un consenso con empresarios y sindicatos.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, no descarta que los transportistas puedan beneficiarse de los nuevos coeficientes reductores de la edad de jubilación que quiere aprobar el Gobierno, abriendo la puerta a cumplir con el requisito por el que los sindicatos han convocado varias jornadas de huelga en el sector desde finales de octubre hasta justo antes de Navidad.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la atracción y establecimiento de nómadas digitales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria del Programa I.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunirá el próximo lunes a las 12:30h de la tarde con los agentes sociales para constituir la mesa técnica con la que se iniciarán los trabajos para reformar la incapacidad temporal (IT), según ha informado el Gobierno esta mañana. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, avanzó la intención de crear una nueva baja laboral flexible que permita trabajar de forma parcial o reincorporarse al puesto de forma voluntaria.