Ana María Gil, Académica de Número, Bibliotecaria de la Junta de Gobierno y Directora del Observatorio de Investigación de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF), cuestiona el consenso tradicional de que la inmigración masiva es siempre beneficiosa para el crecimiento económico y la prosperidad en el artículo "El fin del dogma de la bondad de la inmigración masiva", publicado el pasado lunes, 3 de agosto, en el diario "La Razón".

La experta señala que España tiene actualmente uno de los porcentajes más altos de trabajadores nacidos en el extranjero (23 %), por encima de Alemania y Estados Unidos (19 %). Argumenta que este modelo ha beneficiado principalmente a empresarios y profesionales cualificados al proporcionar mano de obra barata, mientras que los trabajadores nativos de menor cualificación sufren competencia salarial, encarecimiento de la vivienda y mayor presión sobre los servicios públicos.

Para Gil, la disponibilidad ilimitada de trabajadores extranjeros de bajos salarios desincentiva la inversión en productividad, tecnología y organización empresarial, como ha señalado el premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, quien ha subrayado en sus investigaciones que la escasez de mano de obra histórica impulsó la innovación. Como contrapunto, menciona el caso de China: tras la política del hijo único, ha aumentado su nivel de vida mediante inversión tecnológica sin recurrir a inmigración masiva. Asimismo, señala, según datos del Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, existe una relación inversa entre tamaño de población y nivel de bienestar.

La investigadora apoya también su tesis en datos demográficos: los países con mayor índices de bienestar, como Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Dinamarca o Islandia, tienen poblaciones reducidas, lo que facilita la financiación y distribución de servicios públicos, aumenta la confianza institucional y favorece la homogeneidad social y los consensos, al reducir las brechas económicas y culturales extremas.