Eugenio Gay Montalvo, Vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, ha considerado que los recortes en gastos sociales que están acometiendo el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, así como la creciente presión fiscal, contradice el espíritu de la Constitución, que define a España como un Estado social y de derecho y ha denunciado el uso abusivo del decreto ley para sortear los principios fundamentales que garantiza la Carta Magna. El jurista ha realizado estas consideraciones durante su ingreso como Académico Correspondiente para Madrid en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF).

“El Gobierno central ha dictado diez decretos ley en 2008, catorce en 2009, otros catorce en 2010, veinte en 2011 y veintinueve en 2012 –ha detallado Gay Montalvo-. En materia de ingresos, por decreto ley se ha introducido un gravamen complementario en el IRPF, se ha aprobado una amnistía fiscal permitiendo la regularización de las rentas ocultada o se han subido los tipos impositivos generales del IVA. También los gobiernos autonómicos, como el catalán, han acudido a la utilización abusiva del decreto ley. De esta manera la crisis económica ha supuesto que el legítimo ejercicio de la potestad financiera por parte de los Estados haya provocado un importante aumento de las cargas y obligaciones de los ciudadanos con una consiguiente pérdida de sus derechos sociales y económicos y, además, que se hayan puesto en tela de juicio principios constitucionales tan fundamentales como el de la garantía de ley en materia financiera”.

Para Gay Montalvo, “el ejercicio de la responsabilidad política en democracia comporta el sometimiento escrupuloso a la ley y a la protección de los derechos de los ciudadanos con preferencia a los de aquellos más necesitados (…). Sin embargo ahora vemos cómo al grave déficit democrático que supone el uso ordinario de la normación de urgencia se le une la dolorosa reversibilidad de los derechos económicos y sociales consagrados y tan sufridamente conquistados a lo largo del tiempo”.

“El ejercicio de la responsabilidad política en democracia comporta el sometimiento escrupuloso a la ley y a la protección de los derechos de los ciudadanos con preferencia a los de aquellos más necesitados –ha concluido-. No resistirse a lo que está ocurriendo sería una verdadera irresponsabilidad, por no decir una verdadera locura”.

El reconocido jurista ha realizado estas reflexiones durante su ingreso como académico correspondiente para Madrid de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF), que se ha celebrado esta tarde en la sede de Foment del Treball Nacional.