Cerca de 500 empresarios y líderes del mundo de la sociedad, la universidad y el conocimiento han asistido a la gala de celebración del 20º aniversario de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) en el parque tecnológico Sevilla TechPark, un evento que ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente de la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía), Javier González de Lara; la presidenta de la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), Laura González Molero, y el presidente de CTA, Beltrán Pérez. CTA alcanza las dos décadas de actividad como referente de la innovación y la transferencia del conocimiento en el Sur de Europa y con el anuncio de la próxima apertura de una nueva sede en Granada, que complementará las que ya funcionan en Sevilla y Málaga.
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El resultado bruto de explotación de la empresa fue negativo hasta junio, al perder 16,5 millones de euros, por los 40,9 millones de euros de ebitda positivo registrados durante el primer semestre del pasado ejercicio. Leer
El capital mantiene el foco en el residencial y el hotelero y mira de reojo a nuevos segmentos alternativos. Leer
"Es especialmente relevante, porque se trata de uno de los mayores accionistas de Banco Sabadell, con casi el 4% de las acciones y miembro desde hace años de su consejo de administración", destaca. Leer
El año 2026 va a marcar un antes y un después en gestión administrativa de las empresas, especialmente de las pymes, y de los autónomos. Es la fecha en la que tendrá que empezar a implementarse Verifactu, el nuevo sistema que afecta a la facturación, que será obligatorio en ese ejercicio, aunque entrará de forma progresiva de manera que los autónomos tendrán la obligación de cara al segundo semestre del próximo año.
Las adjudicaciones públicas cada vez reciben menos interés de las empresas en Cataluña. Además, reputan las que quedan desiertas. Según un informe elaborado por la Dirección General de Contratación Pública, dependiente de la Consejería de Economía y Finanzas, en 2024 se resolvieron 17.551 adjudicaciones que movilizaron 6.611 millones de euros y recayeron en 4.824 empresas. Esto supone un índice de concurrencia medio de 6,17 ofertas por procedimiento [ver gráfico], inferior al contabilizado en 2023 y 2022 este índice se calcula como el cociente entre las propuestas presentadas y el volumen de licitaciones. Además, 1.115 procedimientos no registraron ningún candidato, un 6% del total, tres décimas por encima del ejercicio anterior.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes en el Senado que el Gobierno ha acordado con Euskadi y Navarra rebajar una parte de su aportación al Estado para compensarlas al no estar incluidas en el anteproyecto de ley de condonación de una parte de la deuda de las comunidades de régimen común.
El tercer mayor accionista de Banco Sabadell y el primero individual desoye al consejo y avanza que sí acepta las condiciones de la opa de BBVA. Leer
La deuda pública de Castilla y León se situó en 14.558 millones de euros en el segundo trimestre de 2025, un 18,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos adelantados del Banco de España.
La OPV de la escisión de la minera china se produce en un momento en que el oro alcanza máximos históricos. Leer
La energética cierra el primer semestre con unas ganancias atribuidas de 18,7 millones. Los ingresos crecieron un 7,2%, hasta 947 millones de euros. Leer
Las agencias de calificación crediticia han decidido recientemente mejorar la nota de España. Para muchos, esta noticia puede parecer motivo de celebración: al fin y al cabo, implica que se nos percibe como un país con mayor solvencia, con más confianza en su capacidad de pagar la deuda y de mantener sus compromisos financieros, y eso siempre es positivo. Sin embargo, conviene detenerse a examinar con calma qué significa esta decisión y, sobre todo, qué fundamentos la sustentan. Cuando se analiza con detalle, lo que se descubre es que estamos ante un reconocimiento basado en factores coyunturales, más que en mejoras estructurales. Y es precisamente esa miopía de corto plazo la que resulta preocupante.
El veto de armas a Israel ha afectado al megacontrato de casi 700 millones para el suministro de sistemas de lanzacohetes de alta movilidad (Silan), que Defensa adjudicó a Escribano y a Expal, filial del grupo alemán Rheinmetall. El desarrollo de estos sistemas requerían la tecnología de la israelí Elbit para completar el encargo. Ante esta situación, y después de que el ministerio de Defensa requiriera una solución española, Escribano plantea incorporar al acuerdo a Indra y la aragonesa Instalaza para suplir el aporte israelí. Una propuesta que supondría apostar por la tecnología nacional para no depender de firmas extranjeras. El bloqueo a Israel que el Gobierno ha decretado por intereses políticos supone sin embargo retrasar las entregas y encarecer el producto.
El presidente de la Región de Murcia denuncia la "maniobra de distracción" del Gobierno de Sánchez con la deuda para no abrir el debate de la reforma de la financiación regional. Leer
La cúpula de la entidad rechaza la operación por considerar que infravalora el banco y sostiene que Sabadell por sí solo es capaz de generar más dividendos que BBVA. Leer
El Ministerio de Trabajo celebra este miércoles la primera reunión de la Comisión Asesora que fijará la recomendación de incremento del salario mínimo interprofesional para el próximo año. Una vez elaborado el informe, el Gobierno llevará a cabo una ronda de consultas con los agentes sociales antes de decretar la revalorización. Leer
El consejo de administración de Sabadell ha incrementado el objetivo de remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros a alrededor de 1.450 millones de euros, según ha comunicado la entidad en un hecho relevante enviado a la CNMV. Leer
La guardiana del archivo de Walt Disney desgrana la muestra que llega a Madrid. Leer
A menudo los trabajadores pasan por malas épocas en su trabajo y, cómo no, más de uno y más de dos se han planteado dejarlo todo y marcharse de su empresa. Una opción muy atractiva, pero poco práctica, puesto que priva al empleado de posibles coberturas por desempleo...salvo en algunos casos excepcionales en los que sí es posible 'despedirse' con derecho a cobrar el paro o un subsidio...y, además, también indemnizaciones.
