La utilización de los impuestos con fines extrafiscales ha constituído, desde las últimas décadas, el eje de la tradicional polémica entre quienes, desde una perspectiva eminentemente jurídica, conciben el tributo como el conjunto de principios orientados a allegar los medios económicos necesarios para cubrir los presupuestos generales del Estado, en la medida que la distribución de la carga fiscal se debe realizar con criterios de justicia, capacidad de pago y equidad dentro del ordenamiento jurídico, y aquellos otros, menos clásicos, que orientan el impuesto con una filosofía dualista, consistente en darle una proyección incentivadora de inversiones empresariales y de creación de empleo, coexistiendo, para que no resulten perturbadores, con los principios de justicia y de capacidad económica. El incentivo fiscal a la inversión empresarial se presenta como un conjunto de medidas dirigidas a la consecución de un objetivo de política económica determinada (posiblemente más al servicio de situaciones de crisis que a favor de una política de desarrollo económico), y no como un mecanismo jurídico-tributario, pero que afectan a la estructura jurídica del propio impuesto, distorsionando el concepto de renta gravada y, por ello, priman los objetivos de política económica a los meramente jurídicos, cuando la perspectiva jurídica debería dominar el resto de los objetivos. Como dice Ermie M. Sumley, la cuestión crucial sobre los incentivos fiscales a favor de la inversión, no es si van a estimular una demanda adicional dentro de la economía y, por tanto, si existe desempleo, a la creación de más puestos de trabajo, sino si los incentivos fiscales son efectivos a la hora de influir sobre la combinación de consumo-inversión en la economía para cualquier nivel dado de producción. No es propósito de este trabajo realizar un análisis exhaustivo de las medidas fiscales que han desarrollado los diferentes regímenes de los estímulos fiscales a la inversión empresarial pero si al menos citaremos algunas de las notas más características de aquellos que se puedan contemplar en la Ley del Impuesto sobre Sociedades: A) Deducción por inversiones en activos fijos nuevos, edición de libros, producción cinematográfica, empresas exportadoras, I + D, bienes de interés cultural, formación profesional. B) Creación de empleo C) Compensación de pérdidas D) Reinversión de beneficios extraordinarios E) Amortización acelerada F) Empresas de reducida dimensión El problema de la falta de neutralidad fiscal constituye, probablemente, el aspecto más discutido de los incentivos fiscales a la inversión empresarial, púes parece tener una influencia distorsionadora en la asignación de recursos en la economía y en el funcionamiento de los mercados, bien se trate de deducción por inversiones o bien por normas de amortización acelerada de activos. Al ser coyuntural su uso, deben ser las Leyes de Presupuestos las que regulen su aplicación, evitando así su permanencia indefinida en el texto legal de impuestos.