El origen del marco jurídico del ahorro en España lo tenemos con la Real Orden de 3 de abril de 1835 que las considera como institutos de beneficencia. Nuevos hitos los tenemos en 1933 y en especial el Decreto de 17 de octubre de 1947. El 3 de abril de 1975 se regula la participación de los sindicatos y hay un proyecto de Real Decreto encaminado a dotar a las Cajas de un alto grado de libertad en su operativa y representatividad. Las características de las cajas españolas son que no tienen capital social y por lo tanto tampoco tienen propietarios, aunque la tendencia es que la propiedad sea de los impositores y de los empleados. El Instituto Internacional del Ahorro se creó en 1925 y en el ámbito europeo la AECA fundada en 1963. Coexisten cajas con naturaleza especulativa junto con otras sin ánimo de lucro, con lo que el concepto histórico de economía social se ha ido diluyendo.