“En la vigencia de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, una de las cuestiones polémicas era el ámbito de actuación del órgano de administración, establecido en su artículo 76. A criterio del autor, la interpretación conveniente era la que, en un planteamiento objetivo, entendía que el órgano obligaba a la sociedad en todo aquello que fuese una actividad conveniente para el mejor desarrollo del objeto social, siendo ineficaces frente a terceros las limitaciones que constasen en los estatutos, incluso una vez inscritos éstos en el Registro Mercantil”.