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Más de 372.000 personas están incluidas en el sistema especial de trabajo del hogar (datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social), integrado dentro del Régimen General y que agrupa a las empleadas de hogar, un grupo de (mayoritariamente) trabajadoras que en los últimos años han ido ganando en derechos para equipararse al resto de ciudadanos empleados.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, ha responsabilizado a la Unión Europea de los problemas del campo en el continente, alegando que mientras que España lleva años negociando y hablando con sus agricultores, Europa no lo ha hecho hasta ahora, cuando las protestas se han generalizado y han llegado a las puertas de Bruselas. Planas ha ligado ese clima de descontento a la actitud de la Comisión Europea y la UE, "que no han sido capaces de hacer con el mundo rural lo que se ha hecho en España desde 2018". Lo ha manifestado tras su reunión de este viernes en el Ministerio con las principales asociaciones agrarias españolas para abordar los problemas que afectan al campo, las cuales han anunciado que continuarán con el calendario de movilizaciones previsto.
La última semana ha estado marcada por las fuertes protestas de agricultores europeos, los cuales han visto amenazado su sector por la pérdida de rentabilidad de sus campos, invernaderos y rebaños. Y es que, a ojos de los afectados, a los altos costes de producir, se suman las medidas medioambientales "burocráticas" de Bruselas que llegan para "perjudicarlos" y el surgimiento de nuevos actores en el mercado que están provocando una "competencia desleal". Así surge una reivindicación colectiva y homogénea en los campos del continente, aunque cada país que se ha sumado a esta causa, tienes demandas e intereses particulares dentro de la crisis agrícola.
La Asamblea de Extremadura ha dado luz verde al proyecto de Presupuestos para la Comunidad de 2024 con los votos a favor del PP y Vox y los votos en contra de PSOE y Unidas por Extremadura.
El limbo en el que se encuentran cientos de estudiantes de la rama sanitaria de Formación Profesional (FP), en su mayoría en la Comunidad de Madrid, tiene su origen en el precio por plaza que piden algunos hospitales para que los alumnos puedan realizar las prácticas finales. El convenio de al menos un centro sanitario refleja un importe de 500 euros por alumno, según confirman a este medio fuentes del sindicato CCOO, precio inasumible para los centros de estudios públicos.
El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.461 personas en enero en Castilla y León en relación al mes anterior (+3,07 por ciento) hasta los 116.084 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En España el paro subió un 2,2 por ciento.
El cambio de año trae siempre consigo novedades en toda clase de campos, incluido el de la Seguridad Social. Así, en 2024 se han producido diferentes modificaciones que afectan a las prestaciones y cotizaciones de los trabajadores españoles.
La nueva obligación desde este 1 de enero de cotizar por los becarios no remunerados se ha convertido en un perjuicio para los propios alumnos. Universidades y centros de Formación Profesional (FP) ya trasladan en las matrículas los nuevos costes que le suponen toda la gestión con la Seguridad Social, que no es poca, ya que pasa desde conseguir el número de Seguridad Social para el alumno, comunicar cuándo va a iniciar las prácticas, informar de forma mensual si han realizado o no la formación y, de forma trimestral, enviar la cotización correspondiente. Cada año hay 2,4 millones de alumnos que tienen que hacer prácticas.
El nivel de los 20,8 millones de afiliados que salvó la campaña navideña no ha resistido la cuesta de enero. El arranque de año se cobró 231.250 afiliados medios, especialmente en comercio y hostelería, y también puso fin a dos meses consecutivos de descensos del paro registrado, con un aumento del número de desempleados en 60.404. Pese a ser habitual que en enero se destruya empleo y aumente el desempleo, la magnitud de la caída del número de cotizantes reaviva tendencias previas a la pandemia.
Las quejas de los agricultores por los altos costes de producción, los bajos precios que obtienen al vender sus productos y las condiciones económicas y laborales del campo son las cuestiones que marcarán la primera sesión de control del año en el Congreso de los Diputados.
Tras la polémica que se vivió en Argentina por la autorización del gobierno británico para que una enorme flota de pesqueros españoles faene en el mes de febrero en las islas Malvinas, Milei tomó cartas en el asunto y dentro de su 'ley ómnibus', en los artículos 211 a 220, estableció en una primera instancia, un proyecto de reformar el Régimen Federal de Pesca que amenazaba a la flota de Vigo y su extracción en esta zona de conflicto. Sin embargo, este proyecto de reforma acaba de dar marcha atrás en lo que fue el inicio del debate del también llamado 'megadecretazo' que se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados del país trasandino.
El sector agrícola europeo protagonizó una jornada de protestas en Bruselas. Tras las manifestaciones que en los últimos días han llenado las calles de las principales ciudades europeas, los agricultores se reunieron este jueves en la plaza de Luxemburgo mientras que en la capital belga también tenía lugar una reunión extraordinaria de líderes de la UE. Los reclamos del campo saltaron al debate de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, sin embargo, tan solo arrancaron el compromiso por parte de la Comisión Europea de reducir las trabas burocráticas a los agricultores.
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a realizar con "urgencia" las modificaciones legislativas necesarias para solucionar el tratamiento "discriminatorio" fiscal a los zaragozanos que son beneficiarios de subvenciones, ayudas u otras actuaciones de promoción de la rehabilitación impulsadas por el consistorio, sus entes instrumentales o dependientes e incluso organizaciones privadas y que en la actualidad son más gravosas fiscalmente que las que son concedidas por el Estado.

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